SOSTENIBILIDAD| 23.05.2023
Sostenibilidad en la inversión: qué significa que un fondo sea artículo ocho o nueve
Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) son una de las megatendencias más demandadas por los inversores en los últimos años, pero no siempre es fácil delimitar qué empresas cumplen o no los requisitos para ser consideradas sostenibles. Esto ocurre especialmente en el caso de las inversiones con un matiz social, dado que es complicado analizar el impacto de una empresa o política en una comunidad en concreto.
De hecho, existe una confusión enorme entre los distintos conceptos relacionados con este tipo de inversión y que en muchos casos se usan indistintamente a pesar de no ser exactamente lo mismo. Este sería el caso de la inversión responsable, sostenible y de impacto, entre otros.
Para intentar poner un poco de orden en estas clasificaciones, la Unión Europea (UE) aprobó en junio de 2020 el Reglamento de Taxonomía de actividades económicas sostenibles, que es un sistema de clasificación cuyo objetivo es clarificar y clasificar qué inversiones y actividades económicas son sostenibles con respecto al medio ambiente, para lo cual se establecieron seis objetivos ambientales.
Asimismo, el 10 de marzo de 2021 entró en vigor el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR, por sus siglas en inglés), que se engloba dentro del Plan de acción de la UE sobre finanzas sostenibles. Tiene como objetivo lograr una mayor transparencia por parte de los agentes financieros, y establece normas para la publicación de información extra financiera con el fin de evaluar mejor el nivel de sostenibilidad de los productos financieros. La norma afecta a todas las entidades financieras europeas y tiene el objetivo de que estas clasifiquen los fondos de inversión según el perfil sostenible que tenga cada empresa en la que inviertan.
Este Reglamento establece una clasificación diferenciada en tres artículos, con diferentes obligaciones de transparencia. Los vehículos que se acogen al artículo seis son aquellos que no tienen objetivos de sostenibilidad. En este apartado se pueden integrar aquellos fondos que no hayan tenido consideraciones ESG en el proceso de toma de decisiones de inversión, así como aquellos que incluyan empresas de sectores actualmente excluidos, como el tabaco o la minería de carbón.
Los clasificados por el artículo ocho son aquellos que “fomentan actividades sostenibles”, es decir, invierten en actividades económicas que promuevan las características ambientales y sociales fijadas en el folleto.
Por último, los vehículos catalogados como artículo nueve son productos con un objetivo principal de inversión sostenible, es decir, los que tienen un impacto positivo a nivel medioambiental y social que debe ser definido explícitamente. Este artículo concentra los fondos más sostenibles, por lo que las exigencias de divulgación también son mayores: se debe explicar cuáles son sus objetivos de inversión, cómo pretenden conseguir esos resultados y cómo medirán dichos resultados mediante métricas relacionadas con la sostenibilidad.
No obstante, la regulación en este campo parece no estar ayudando en exceso a la promoción de los vehículos sostenibles debido a la dificultad en la medición del impacto de cada inversión.
“Un factor que no termina de apoyar a los fondos sostenibles es la regulación. Si bien todavía está en pañales, la taxonomía y la clasificación están generando muchas críticas y queda mucho por hacer en ese campo. De hecho, hay aspectos, como la esperada taxonomía social, que resultan muy difíciles de definir y de aplicar en la práctica”, comenta Alberto Matellán, economista jefe de MAPFRE Inversión.
Los inversores quieren invertir en sostenibilidad
La demanda por estos productos no ha parado de subir en los últimos años. En 2022 el volumen de inversión sostenible en España se situaba en casi 375.000 millones de euros, lo que supone el 55% del mercado, según el informe ‘La inversión sostenible y responsable en España’, publicado por Spainsif, asociación que promueve este tipo de inversión. Aunque el porcentaje ha aumentado, desde el 51%, el volumen total es ligeramente menor, por el estallido de la guerra de Ucrania y la crisis energética que provocó, explica Spainsif.
“Esta situación no puede servir de excusa para dejar de lado la aplicación de estos criterios a la hora de tomar decisiones de inversión. Es más, deberían ser todavía más relevantes para la construcción de cartera con una visión estratégica”, comenta Eduardo Ripollés, director de ventas institucionales de MAPFRE AM.
De hecho, Ripollés considera que en los últimos años “se han consolidado los criterios, las métricas y los objetivos”, al mismo tiempo que sigue el proceso para establecer una regulación sólida y consistente que ayude a inversores, proveedores y asesores a establecer un ámbito de actuación común.
Matellán añade que los inversores se han vuelto mucho más exigentes con las gestoras. “El cliente exige mucha más explicación y sofisticación. Ahora no basta con decir que eres sostenible, tienes que demostrar al cliente que lo eres y cómo lo haces. Además, la sofisticación se traduce en que el cliente no se conforma con un mero filtro, sino que tiene que comprobar que existe un proceso real de examen de las cuestiones de sostenibilidad, es decir una integración”, destaca.
Mejores resultados
Respecto a los resultados de estos fondos de inversión, el economista jefe de MAPFRE Inversión recuerda que estos abarcan un rango enorme de estrategias diferentes. No obstante, cuanto más integrado esté el proceso los fondos, mejor resistirán en los momentos negativos, así como los sustos o escándalos en las compañías.
“Es importante que, poco a poco, se integren los procesos. Es decir, que la información no financiera se integre con la financiera en un único proceso y no sean dos cosas diferentes y separadas, que acaban llevando a confusión. Es la idea con la que en MAPFRE trabajamos hace tiempo: la inversión sostenible hace que conozcamos más a fondo dónde ponemos nuestro dinero, y por tanto nos hace mejores inversores”, defiende Matellán.
Asimismo, los fondos temáticos parecen mostrar mejores resultados que los genéricos, una visión que MAPFRE comparte. “Tenemos un fondo temático dedicado a personas con discapacidad que está entre los más rentables de nuestra cartera de fondos”, señala Matellán, en referencia a MAPFRE AM Inclusion Responsable Fund.
Conversión de fondos a artículo ocho o nueve
Cada vez son más las gestoras de activos que han decidido hacer cambios en sus fondos de inversión para que estos se adapten a las exigencias del SFDR para el artículo ocho y, en menor medida, para el nueve. MAPFRE está haciendo un acercamiento prudente en este sentido, trabajando para que toda su oferta sostenible crezca, y por eso, ha aumentado su participación en el capital de la gestora de activos francesa La Financière Responsable (LFR) hasta alcanzar el 51%. LFR cuenta con tres vehículos clasificados como artículo nueve: LFR Europe Développement Durable ISR, LFR Inclusion Responsable ISR y LFR Actions Solidaires ISR.
Recientemente, MAPFRE AM ha clasificado tres fondos más como Artículo 8: el MAPFRE AM European Equities, de renta variable europea; el MAPFRE AM Iberian Equities, con el foco principalmente en acciones españolas; y el MAPFRE AM Good Governance, que incorpora en cartera a las compañías con mejor gobierno corporativo, que se unen así al MAPFRE AM Capital Responsable y al MAPFRE AM Inclusión Responsable, que ya estaban clasificados en el Artículo 8, y al fondo MAPFRE Energías Renovables II, FCR, clasificado como artículo 9.
Además, se está trabajando a su vez en lograr la calificación como artículo 8 (SFDR) para el MAPFRE AM Global Bond Fund, que nació de la fusión de dos fondos a comienzos de 2021, el MAPFRE AM Global Bond Fund, un fondo de renta fija global, y el Capital Investment Spain International Fund, gestionado por Amundi en exclusiva para las empresas de MAPFRE desde 1993.
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