El “impuesto al plástico” y sus beneficios para todos

Según la UNEP, la organización de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, de los 9.200 millones de toneladas de plástico producidas entre 1950 y 2017, unos 7.000 millones se convirtieron en residuos plásticos que acabaron en los vertederos o fueron arrojados al mar.

Es un material que, a priori, presenta un coste muy bajo, una durabilidad y una manipulación tan sencilla, que se ha convertido en omnipresente en nuestro día a día, y es al parecer una solución ideal para multitud de funciones. 

Producimos más de 430 millones de toneladas de plástico al año. Pero el mayor problema es que dos tercios de esa cantidad son productos de vida corta que en poco tiempo se convierten en desechos: botellas, bandejas alimentarias, films y cintas de embalaje, anillas, etc. El 36% de la producción de plástico se destina a envases o embalajes.

Esta contaminación afecta a mares, bosques, biodiversidad y a nosotros mismos, a nuestra salud y a la capacidad de producción de alimentos y bienestar.

Los plásticos liberan al degradarse metano y otros gases dañinos para el ecosistema y, en las zonas de vertedero, las filtraciones acaban perjudicando a la tierra y a las aguas subterráneas. En los océanos y mares, los microplásticos son una amenaza crítica para la biodiversidad, así como los desechos de mayor tamaño, como redes de pesca desechadas y anillas usadas en envases, que se convierten en trampas mortales para muchos animales.

Pero no sólo por el producto convertido en desecho, sino porque la producción de plástico es tan demandante en cuanto a recursos, que afecta a la crisis del cambio climático: uso de petróleo crudo y otros combustibles fósiles, emisiones contaminantes del proceso de fabricación, etc.

En 2022 la ONU aprobó una resolución que daba el primer paso hacia la regulación internacional sobre la producción y uso de plásticos, teniendo en cuenta todo su ciclo de vida que, como hemos visto, provoca contaminación desde la producción hasta su desecho.

En España, y en línea con esta iniciativa, una nueva “Ley de residuos y suelos contaminados por una economía circular” entró en vigor el 1 de enero de 2023 y se aplica a envases no reutilizables con el objetivo de proteger el medio ambiente promoviendo acciones que lleven a un menor uso de plástico de un solo uso e impulsar la economía circular.

La nueva normativa impone a las empresas un impuesto de 45 céntimos por kilogramo de plástico no reutilizable utilizado en la fabricación de sus productos, sin tener en cuenta el plástico reciclado, que queda excluido de este cómputo.  Esto deberá ser auditado y certificado por entidades acreditadas e independientes para asegurar el cumplimiento.

Con todo ello, se intenta promover la economía circular: el uso de envases diseñados para usarse, con el mismo fin, varias veces a lo largo de su ciclo de vida y la reducción en la producción de plásticos cuyo fin sea el vertedero tras una vida útil extremadamente corta. Potenciar el reciclaje, la economía circular y por ende la protección del medio ambiente son los objetivos clave de esta nueva normativa.

Las empresas que no hagan movimientos a favor de esta nueva realidad tendrán una nueva carga impositiva que puede llegar a aumentar significativamente sus costes de producción.

Algunas empresas de alimentos y bebidas han comenzado a utilizar envases de vidrio reutilizables en lugar de plástico. Otras han invertido en tecnologías de reciclaje innovadoras para reducir la cantidad de plástico no reutilizable que producen. Además, algunas empresas han mejorado su imagen de marca y atraído a consumidores más conscientes de proteger el medio ambiente comunicando activamente sus esfuerzos para reducir el uso de plástico.

En cuanto al consumidor final, la nueva normativa tiene pocas implicaciones, ya que el impuesto será pagado por empresas productoras e importadores. Pero sí podrá ver la reducción en la disponibilidad de vasos, cubiertos, bastoncillos y otros elementos de un único uso, o un posible aumento de precios si las empresas deciden trasladar los costes al PVP final.

En MAPFRE nos hemos comprometido a minimizar la generación de residuos (papel, plástico, cartón y equipos electrónicos, entre otros) en todo el Grupo. Entre otras iniciativas, llevamos a cabo el proyecto ‘MAPFRE Sin Plástico’, que desde 2019 evita anualmente el consumo de 1.500.000 botellas de plástico y más de 2 millones de vasos de un solo uso en algunos países como España y Puerto Rico. 

En 2022, MAPFRE recuperó y recicló más de 3.000 toneladas de residuos, el 93% del total de desechos del grupo. Entre sus principales hitos también destaca el hecho de haber evitado el consumo de 191 toneladas de papel; ha reutilizado el 77% del total de residuos de equipos informáticos en España, y ha reciclado 289 toneladas de residuos en varios edificios de Madrid, lo que representa cerca del 100% de los residuos que genera la entidad en su sede corporativa, en España. Este último logro ha sido posible gracias al proyecto ‘Residuo Cero’, un certificado que ha obtenido por segundo año consecutivo y que concede AENOR a las entidades que clasifican los residuos que generan para que puedan reutilizarse o reciclarse y no acaben en un vertedero.

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