Un nuevo marco para el sector asegurador: la revisión de Solvencia II

El actual marco legal de Solvencia II entró en vigor en 2016. Supuso un cambio importante en la regulación de las entidades aseguradoras europeas, fijando unos requisitos de solvencia para que las compañías pudiesen afrontar situaciones económicas complejas. Desde entonces se han vivido situaciones tan extraordinarias como una pandemia y en los mercados financieros hemos visto cómo los tipos de interés experimentaban la mayor subida en la historia del BCE.

Esta coyuntura, evidentemente, han impactado en las aseguradoras. Pero, para Ramón Carrasco, Chief Risk Officer (CRO) de MAPFRE, “su capacidad de gestión ha permitido a estas entidades mantener niveles de solvencia adecuados y el compromiso con los asegurados”.

A lo largo de estos años, Solvencia II ha funcionado y ha superado envites como el de la covid-19, pues, a pesar de los desafíos operativos, no se observaron interrupciones importantes. Según Carlos Rami, director corporativo de Asuntos Internacionales de MAPFRE, “el sector se mantuvo bien capitalizado, con una ratio de solvencia media del 200 % a finales de 2020”. Rami también ha desempeñado desde 2019 el rol de vicepresidente del grupo de trabajo de Solvencia II de Insurance Europe, la federación europea de seguros y reaseguros.

¿Por qué, entonces, la reforma de Solvencia II? Por su complejidad, la directiva contempla en su propio articulado la necesidad de revisar su aplicación en un plazo de cinco años. Aunque con cierto retraso, el acuerdo provisional para su actualización, entre el Consejo y el Parlamento Europeo, vio finalmente la luz el pasado 14 de diciembre.

La propuesta tiene como objetivo principal mejorar el régimen de Solvencia II. Esta revisión sienta las bases para:

• Favorecer que las entidades aseguradoras utilicen sus recursos para invertir en proyectos a largo plazo.
• Impulsar requisitos en materia de sostenibilidad, obligando a que todas las compañías elaboren planes de transición específicos, con objetivos cuantificados, y analicen los impactos financieros derivados de estos factores.
• Fomentar una mejor integración en el mercado único a través de una supervisión más armonizada.

Entre estas mejoras, también se incluye una mayor flexibilidad de las exigencias, porque serán más adaptadas a la situación real de cada entidad. “En ningún caso se ha considerado necesario un endurecimiento de los requerimientos de capital, a la luz de la sólida situación del sector asegurador europeo”, explica Carlos Rami.

El acuerdo fortalece el papel del seguro privado como inversor institucional. Y es que, con billones de activos bajo gestión, el sector es un pilar de la industria financiera europea. Debido a la naturaleza de sus pasivos, las compañías de seguros pueden proporcionar financiación de capital a largo plazo a las empresas.

Además, en un paso más allá la revisión impulsa la sostenibilidad e incluye mejoras en las políticas de gestión de las entidades aseguradoras para contribuir activamente a la descarbonización, promoviendo prácticas más sostenibles.

La incorporación de este aspecto se aborda desde una doble perspectiva, sostiene Ricardo González, director de Análisis, Estudios Sectoriales y Regulación de MAPFRE Economics. “Por un lado, las entidades deberán desarrollar escenarios de cambio climático en la evaluación propia de los riesgos y la solvencia, y elaborar planes de transición para monitorizar los riesgos de sostenibilidad. Y por otro, al mejorar el tratamiento de las inversiones a largo plazo, se abre la posibilidad de realizar inversiones que ayuden en esta transición, como pueden ser en infraestructuras necesarias para reducir la dependencia energética en combustibles fósiles”.

En paralelo a la revisión de Solvencia II se ha desarrollado una propuesta de nueva Directiva sobre Recuperación y Resolución de Entidades Aseguradoras (IRRD). El documento refuerza la supervisión de operaciones transnacionales dentro del mercado único, con el propósito de mejorar la coordinación entre supervisores nacionales y garantizar una mayor protección para los asegurados.

Pero lo cierto es, según Carrasco, director de Riesgos de MAPFRE, “que el número de entidades aseguradoras que entran en situación de liquidación es muy escaso. En cualquier caso, es bienvenida cualquier regulación que facilite que ningún asegurado quede desprotegido”.  Sin duda, añade Ricardo González, “este es un aspecto que está bastante desarrollado en muchos países de la UE, particularmente en España, por lo que su objetivo es más bien homogeneizar su tratamiento. Estos mecanismos ya estaban ahí, pero cualquier mejora que contribuya a dar más seguridad al sistema es siempre positiva”.

En resumen, la revisión de Solvencia II consolida el papel de seguro como inversor institucional, contribuye activamente al desarrollo de la transición ecológica y a una supervisión más efectiva de la actividad aseguradora en el ámbito europeo.

Su implementación práctica, sin embargo, podría demorarse hasta mediados o finales de 2026, ya que la propuesta incluye la necesidad de preparar normas adicionales complementarias, a lo que habría que sumar el periodo para su trasposición por parte de los estados miembros, una vez se publique el texto definitivo.

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